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Plusieurs polices européennes ont collaboré pour mettre la main sur des milliers de données criminelles récupérées sur EncroChat, un réseau de communication chiffré. L’investigation, révélée en fin de semaine, a permis près d’un millier d’arrestations.
Amorcée en 2017, l’enquête débute lorsque des smartphones Android utilisant le moyen de communication sécurisé « EncroChat » sont détectés. Rapidement les autorités françaises et néerlandaises appuyées par les agences de police Europol et Eurojust ont débuté des investigations techniques afin de comprendre le fonctionnement et l’étendue de l’utilisation de cette solution de communication.
Utilisé par plus de 60 000 utilisateurs, Encrochat fonctionne via des serveurs installés en France pour des utilisateurs éparpillés dans le monde entier. L’utilisation du service nécessitait un téléphone entièrement modifié pour être ensuite agrémenté d’une messagerie instantanée chiffrée.
Écoutez Crim’Sous Cric – La chronique de Crim’HALT, l’association qui démonte le crime organisé.
Crim’Sous Cric, le podcast radio mensuel sur le crime organisé proposé par l’association Crim’HALT. Chaque 1er samedi du mois, le podcast « La république inaltérable » du @MondeModerne
Un nuevo informe sobre el estado de los estupefacientes en la región revela cómo los máximos históricos de narcotráfico van de la mano con el aumento de la violencia, los esfuerzos por acabar con esta lacra y los desafíos que supone a nivel mundial, entre ellos el uso del lado oscuro de internet, a través de la llamada red oscura o dark web.
El cultivo de cocaína en América del Sur se ha duplicado entre 2013 y 2017, al tiempo que la violencia vinculada a la droga ha aumentado, especialmente en Brasil, Colombia y Venezuela, país este último en el que ha aparecido una nueva red informa de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles”, según revela el último informe 2019 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
La superficie total destinada al cultivo ilícito de la planta de coca en América del Sur creció de las 120.600 hectáreas en 2013 a un récord histórico de 245.000 en 2017.
Al mismo tiempo, el estudio estima que la fabricación ilegal mundial de cocaína también alcanzó un nuevo máximo histórico de 1976 toneladas en 2017, impulsada principalmente por el aumento de la fabricación de cocaína en Colombia.
Pese a la disminución del 1,2% del cultivo ilícito de la planta de coca en Colombia, Luis Alberto Otárola, miembro de la Junta de la Junta definió este problema como “muy complejo y grave”.
“No olvidemos que América del Sur es responsable de la producción total de la hoja de coca, pasta base y clorhidrato de cocaína en todo el mundo. Toda la red y las mafias que se originan para trasladar este producto a Europa y, sobre todo a América del Norte ha corrompido a funcionarios y está implicada con la poca predisposición para combatir esta situación en sistemas corruptos”.
Además, ha creado una economía ilegal que se enfrenta a dos problemas.
“Uno, existe una sofisticación en el envío de estos productos, recordemos las incautaciones que se han realizado de minisubmarinos que utiliza el narcotráfico, se han detectado avionetas que van a África, avionetas que permanentemente hacen una ruta del norte de Sudamérica hacia Honduras y El Salvador y de ahí a América del Norte; y también los problemas de violencia social que esto genera. En el informe confirmamos que el 33% de los homicidios mundiales ocurren en América Latina y el Caribe, lo que la convierte en una de las regiones más violentas del mundo”.
El estudio indica que en el Brasil, Colombia y Venezuela la tasa de homicidios es superior a la media regional de 22 por 100.000.
Hay que mejorar la coordinación ente países
Otárola destacó que trabajan codo a codo con los Gobiernos para tratar de apoyarlos en los grandes esfuerzos que la Junta, conocida por sus siglas como JIFE, ha detectado para enfrentar este tema.
“La gran preocupación que tiene JIFE en estos momentos es el crecimiento en la superficie de coca ilegal en los países de la región andina. ¿Por qué? Porque también se ha incrementado la producción potencial de cocaína a un récord histórico de casi 2000 toneladas, según nuestras mediciones”.
Destacó que estas aproximadamente 2000 toneladas se reparten al resto del mundo creando un serio problema internacional.
“Lo que nosotros creemos es que los países también tienen en este momento que mejorar la coordinación y la medición. Hay un país de la región andina que no está midiendo la superficie ilegal de coca generando algunos problemas para elaborar un informe conjunto sobre la región andina. Pero en la perspectiva que hemos trabajado recomendamos que se retome la iniciativa y el modelo de desarrollo alternativo, integral y sostenible que en el caso de Perú ha funcionado muy bien en los últimos años y que tiene que replicarse en las regiones de Sudamérica”.
JIFE
Luis Otárola Peñaranda, abogado miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas.
Las rutas de la cocaína
La gran mayoría de estas 2000 toneladas va del mercado colombiano hacia los Estados Unidos donde se detectó una alta pureza de la cocaína, con el consiguiente aumento de los precios y un rebrote del consumo debido a su alta sofisticación.
Otra gran parte se destina al mercado europeo a través de los puertos africanos o directamente a los muelles del viejo continente, principalmente en Holanda y España.
“Y de la cocaína que sale de Perú y baja desde Colombia por el río Amazonas también se proyectan como países de tránsito por Guyana y Venezuela. También tenemos datos que estaría saliendo ingentes cantidades de este producto hacia Europa por esta ruta: Brasil, Guyana, Venezuela”.
Según el experto, los mayores envíos se producen por vía marítima adheridos a mercancías aparentemente lícitas ya que es más barato.
Venezuela y el “Cartel de los soles”
El informe señala que “en los últimos años, los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y los Estados Unidos desde Colombia, pasando por la República Bolivariana de Venezuela”.
Para controlar ese tráfico, según el documento, en particular el de cocaína a través de Centroamérica con destino a los Estados Unidos, los grupos delictivos organizados controlan los puertos marítimos y utilizan aeronaves ligeras, con las que realizan vuelos ilegales.
A continuación, revela que “hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el ‘Cártel de los Soles’ para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”.
A este respecto, Otárola indicó que las fuentes de la Junta son “confiables y verificadas”.
“Es uno de los casi 900 párrafos de nuestro informe en el que, efectivamente, se recoge el problema de tránsito en Venezuela y la probable infiltración de una red informal en los sistemas de seguridad. Eso es lo que ha informado la JIFE. Se lo ha alertado también a los Estados que guardan relación con este tema y lo que nosotros conversamos con los Estados es una cooperación reservada”.
El experto indicó que, antes de su publicación comparten el informe con todos los Estados y, posteriormente , se producen reuniones bilaterales con muchos de ellos donde trabajan para mejorar algunos temas detectados en sus estudios anuales.
“Con Venezuela hubo una reunión en Viena y esa reunión la JIFE la mantiene en reserva porque solo es de interés para los Estados y nuestra institución”, dijo.
El problema de las pandillas en América central
En América Central y el Caribe, la JIFE observa dos problemas concretos: que forma parte de una zona de tránsito, en especial de cocaína en dirección a los Estados Unidos y la carencia de una estructura de programas de atención de los grupos delictivos organizados, como las bandas locales.
“Las pandillas locales y los grupos delictivos siguen explotando la subregión de Centroamérica y el Caribe como zona de tránsito y, dado que el tráfico de cocaína sigue siendo la fuente de ingresos más lucrativa, se intensifica la competencia, sobre todo en los segmentos jóvenes, para controlar los mercados y para incentivar el consumo de otras sustancias como los opioides y las drogas duras”.
Sin embargo, indicó que la noticia alentadora de la subregión fueron las grandes incautaciones de cocaína en Costa Rica o Panamá, o las más de 13 toneladas aprendidas en El Salvador en 2018, cuando se produjo la mayor confiscación subregional.
Por otro lado, el estudio señala que la mayoría de los países de la región de Centroamérica y el Caribe no recopilan sistemáticamente datos sobre el consumo de drogas ni sobre la disponibilidad de sustancias fiscalizadas para fines médicos y que es necesario que establezcan sistemas y procesos para hacerlo.
El especialista indicó que la JIFE trabaja básicamente con fuentes oficiales de los Estados y con instituciones dedicadas al estudio de fiscalización de estupefacientes.
“En América Central, efectivamente, no se ha podido contactar con cifras oficiales. Existe un desfase en cuanto a la información o no está actualizada o no ha sido trabajada adecuadamente”.
Aclaró que hay un esfuerzo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD) “por articular los observatorios de drogas de América Central y el Caribe”, pero que la información sobre este tema es limitada y no está estandarizada a nivel regional.
Otros datos destacados fueron:
El consumo de opioides con fines médicos y el de sustancias sicotrópicas
continúan siendo bajos en la mayoría de los países de Centroamérica
El consumo de drogas, en particular de cannabis, parece incrementarse en todos los países de la región
La mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe no recopilan sistemáticamente datos sobre el consumo de drogas ni sobre la disponibilidad de sustancias fiscalizadas para fines médicos. Se destaca la necesidad de establecer sistemas y procesos para captar datos
La crisis de los opioides en América del Norte
Pese a la ligera disminución del número total de muertes por sobredosis registrada en los Estados Unidos en 2018, la crisis de los opioides de América del Norte sigue siendo motivo de preocupación.
Aunque durante 2018 las muertes relacionadas con los opioides sintéticos, como el fentanilo, aumentaron; las relacionadas con los opioides semisintéticos, como la oxicodona, disminuyeron.
Además, el informe indica que tanto en Estados Unidos como en Canadá la heroína es fácil de obtener y que aumentó el número de organizaciones delictivas involucradas en el mercado ilícito de esta sustancia.
Asimismo, aumentó la disponibilidad y demanda de cocaína en Estados Unidos y Canadá.
La red oscura y el tráfico de drogas, un futuro problema mundial
En América del Norte, el tráfico de drogas en línea a través de redes anónimas sigue agravando las crisis de uso indebido de drogas y sobredosis.
Otárola destacó que hay una red internacional de tráfico de drogas que viene usando la Red Oscura (Dark web) donde las grandes corporaciones del narcotráfico internacional “minimizan la seguridad” para el tráfico y han conseguido hacer “más eficiente” la llegada del producto y “la penalización del traslado de este”.
“Cada día se pueden inventar hasta uno o dos sustancias distintas. Las legislaciones de los Estados no son lo suficientemente rápidas como para ingresar a las listas prohibidas o controladas de diversas sustancias (…) en ese contexto, las criptomonedas vienen circulando en estas redes oscuras y hace muy difícil la persecución judicial de tráfico de drogas”.
La JIFE destaca en su informe que las autoridades estadounidenses han creado un Equipo Conjunto de Control de Venta de Opioides en la Web Oscura “en las que se persigue el delito, pero también las cuentas de internet de estos traficantes que requiere una especialización de la policía”.
Otárola indicó que es un delito que cuenta con dos características específicas: es transnacional y que, por su propia naturaleza, tiene mucha facilidad para evadir los controles policiales de los Estados.
“Creemos que en los próximos años esto se podría convertir en un problema mundial, si es que no se establecen las estrategias y la cooperación internacional para tener una visión común y una capacitación a las autoridades policiales de los países que sufren este problema”.
Otros aspectos destacados en América del Norte:
El Plan Nacional de Desarrollo de México 2019–2024 prevé una reforma de las políticas en materia de drogas y la ampliación del tratamiento de la drogadicción.
Los grupos delictivos organizados de México también podrían haber encontrado un nuevo método para sintetizar metanfetamina a partir de sustancias químicas no fiscalizadas.
Las medidas de legalización y despenalización del cannabis se extienden por América del Norte.
Avec la participation de Michel Charasse, l’ancien ministre du Budget, de l’ancien directeur de la DST, Yves Bonnet, de l’ancien directeur de la DNRED jean Henri Hoguet et de l’ancien ministre Azouz Begag.
Afin de réagir contre le discours de banalisation et de légalisation du cannabis qui est actuellement relayé par certains députés (en marche, socialistes et communistes) et par la presse, l’UNI lance une pétition pour alerter et mobiliser les français contre cette légalisation.
Pour nous c’est tout réfléchi, « au niveau européen » comme en France : la drogue est un danger pour notre jeunesse. Troubles psychologiques, décrochage scolaire, isolement social, … aucun calcul politique, aucune argumentation économique ne sauraient cacher la vérité.
La toxicité du cannabis, tant psychique que physique, a été maintes fois démontrée. Elle n’est d’ailleurs plus contestée dans le milieu médical. Pourtant, de nombreux lobbys favorables à sa légalisation investissent de gros moyens de communication pour faire croire que cette drogue est un produit anodin.
La consommation de cannabis chez les jeunes induit, en effet, de lourdes conséquences en termes d’échec scolaire. Démotivation, absentéisme, inattention ou incapacité à accomplir les tâches : le cannabis fait peser une lourde menace sur l’avenir de nos jeunes ainsi que sur leur santé physique et mentale.
La consommation de cannabis implique également des comportements de passivité excessive ou au contraire de violence avec de graves répercussions sur les vies professionnelles et familiales des consommateurs. De plus, ces dernières années le nombre d’accidents sur les routes, liés à la consommation de cannabis, à fortement augmenté.
L’argument selon lequel une légalisation du cannabis entraînerait automatiquement une diminution du trafic est quant à lui parfaitement démagogique : la délinquance, par principe, recherche les zones de non-droit et le trafic ne ferait que se déplacer sur d’autres drogues ou d’autres marchandises illégales.
Enfin, Jean Costentin, Docteur en médecine et Professeur de Pharmacologie à l’Université de Rouen, explique que le THC, contenu dans le cannabis, modifie aussi les gènes.
« Dès lors, les individus en âge de procréer qui consomment du cannabis, exposent leurs gamètes (spermatozoïdes, ovules) aux effets du THC. Leurs futurs enfants verront leurs récepteurs D2 accumbiques être moins nombreux et moins efficaces ; pour ressentir le même niveau de plaisir qu’un individu n’ayant pas subi cette modification épigénétique, ils auront besoin de les solliciter plus intensément, en recourant à des drogues et en augmentant régulièrement leurs doses. » (https://www.ceru.fr/spip.php?article200#kWzhCBuFmuHFp1U8.97)
En conclusion, un libre accès au cannabis des individus en âge de procréer favoriserait la toxicomanie de leurs enfants.
Une légalisation du cannabis ferait peser un grave danger sur notre société et sur la jeunesse.
Contre la légalisation du cannabis, je signe et je fais signer la pétition de l’UNI.
Aviseur international bénéficiait jusqu’alors d’un référencement par le moteur de recherche Google sur les mots repris régulièrement dans ce blog d’informations régulières sur la drogue et le narcotrafic.
Douane française, DNRED, Drogue, narcotrafic, hachis, cocaïne, cannabis, héroïne… ETC.ETC.
J’ai le regret de constater qu’aujourd’hui, Google a décidé de m’écarter du système de référencement automatique.
C’est même en la matière la dépense publique la plus lourde (511 millions d’euros) devant le coût sanitaire.
Plus de 130 000 personnes sont interpellées chaque année pour en avoir consommé, selon l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.
Roberto Gonzalez Franco de Los Mochis, lié au cartel de Sinaloa, est parmi les 22 prévenus arrêtés mercredi 5 juin dernier pour leur rôle dans un trafic d’héroïne et de fentanyl
La drogue était acheminée de Mexico à New-York
Roberto Gonzalez Franco de Los Mochis est accusé de trafic de drogue avec deux autres personnes.
L’agent spécial de la DEA de New York, Raymond Donovan, en charge de l’enquête, précise que le fentanyl est la menace la plus mortelle qui pèse sur les population à travers le monde, ajoutant que cette affaire est précieuse parce qu’elle permet d’analyser avec précision les mécanismes d’opération et de transport du cartel de Sinaloa. On apprend « qui amène l’héroïne, le fentanyl, et la mort jusqu’aux portes des consommateurs new-yorkais”.
Les Etats-Unis ne sont pas les seuls victimes
Cette organisation opère aussi en Colombie, au Panama, au Pérou, au Paraguay, au Brésil, en Argentine et en Europe. Selon Donovan ; “Grâce à cette enquête, nous avons sauvé des vies; nous avons intercepté 22,6 kilogrammes de fentanyl avant même qu’elle n’atteigne la rue”.
En décembre 2009, Harouna Touré et Idriss Abdelrahman, des passeurs du nord du Mali, ont franchi les portes du Golden Tulip, un hôtel d’Accra, la capitale du Ghana. Ils étaient là pour rencontrer deux hommes qui leur avaient offert l’opportunité de gagner des millions de dollars en transportant de la drogue à travers le Sahara. Touré portait un dashiki et Abdelrahman des guenilles et un turban, qui cachait une partie de son visage. Ils ont donné un pourboire aux gardes à l’entrée et ont salué Mohamed (un radical libanais) dans le hall d’entrée. Mohamed les a conduits dans une chambre d’hôtel pour rencontrer David, trafiquant de drogue et membre des Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC. « Hola Colombiano », a lancé Touré en entrant. Abdelrahman, qui voulait appeler David « 007 » en espagnol, s’est trompé et a dit « 477 » à la place. David, qui portait un pull à manches courtes et un bermuda, a ri et leur a offert des bouteilles d’eau.
Crédits : DEA
Touré et Abdelrahman venaient de Gao, une ville reculée et aride du nord du Mali qui est depuis longtemps utilisée comme plaque tournante de produits de contrebande, des immigrants aux cigarettes. Ces dernières années, la région a aussi été le théâtre de conflits violents entre plusieurs groupes de nomades insurgés, y compris les membres d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Au cours de mois de contacts téléphoniques et de rendez-vous, David et Mohamed ont répété à Touré que les FARC avaient 30 000 guérilleros en guerre avec les États-Unis, et qu’ils souhaitaient travailler avec al-Qaïda, organisation avec laquelle ils partageaient cet ennemi commun. « Ce sont nos frères », a dit Mohamed. Et d’ajouter : « Nous avons la même cause. » Touré a alors expliqué qu’il avait des liens avec l’organisation : il était à la tête d’une compagnie de transport et fournissait, en échange de la protection de ses camions, de la nourriture et du carburant à Al-Qaïda.
Pourtant, David restait sceptique. Il devait s’assurer que l’entreprise de Touré était à la hauteur de la mission. Les FARC, pour qui ce marché est synonyme d’enjeux considérables, étaient prêts à payer Touré et Abdelrahman à hauteur de 3 000 dollars le kilo, en commençant par un premier trajet test où ils devraient transporter 50 kilos de drogue vers Melilla, une ville autonome espagnole située sur la côte nord-ouest de l’Afrique. Des chargements dix fois plus conséquents suivraient si le premier voyage se déroulait sans accro, a précisé David. « Si tu as fini, c’est à mon tour de parler », lui a répondu Touré. Il a dit à David et Mohamed qu’il était fatigué de tout ce « blabla ». Il avait des ouvriers tout le long du circuit de contrebande, qui s’étendait du Ghana au Maroc. Abdelrahman, que Touré avait présenté comme chef de la milice malienne, a indiqué qu’il avait engagé un chauffeur entretenant des liens avec Al-Qaïda. Ces derniers avaient aussi soudoyé un haut gradé de l’armée malienne, qui les aiderait à traverser la frontière sans être contrôlé. David était rassuré. « Je veux qu’on continue de travailler ensemble, car nous ne faisons pas ça pour l’argent – nous faisons ça pour notre peuple », a-t-il dit. Deux jours plus tard, Touré et Abdelrahman sont retournés au Golden Tulip pour collecter leur premier paiement. Oumar Issa, un ami de Gao qui était aussi impliqué dans leur plan, attendait dans un deuxième hôtel pour recevoir sa part. Au lieu de cela, les trafiquants se sont retrouvés nez à nez avec les policiers ghanéens.
Il s’est avéré que David et Mohamed n’étaient pas des trafiquants de drogue mais des informateurs infiltrés de la Drug Enforcement Administration (ou DEA, l’Agence américaine de lutte contre les drogues).
Quelques jours plus tard, Touré, Abdelrahman et Issa ont été remis à la DEA et jetés dans un jet privé avant de s’envoler pour New York, où ils ont été traduits en justice devant un tribunal fédéral. Les trois trafiquants ont été inculpés — en vertu d’une disposition peu connue du Patriot Act datant de 2006 — pour narco-terrorisme, un crime commis par des délinquants violents, qui ont un pied dans le terrorisme et l’autre dans le trafic de drogue. À l’annonce des charges, Preet Bharara, l’avocate américaine du District sud de New York, a déclaré : « À mesure que les terroristes s’impliquent dans le trafic de drogue, ils nous fournissent davantage d’opportunités de les neutraliser et de supprimer les financements destinés à leurs futures actions. » Cette affaire est la première pour laquelle la disposition sur le narco-terrorisme a été utilisée contre Al-Qaïda. Les suspects correspondent précisément à ce profil hybride de délinquants, pour lequel la loi, qui ne nécessite pas que les activités incriminées se soient déroulées aux États-Unis, a été créée.
Michele Leonhart, qui était directrice de la DEA à l’époque des faits, a renchérit : « Les arrestations d’aujourd’hui sont une nouvelle preuve du lien direct entre des organisations terroristes dangereuses, parmi lesquelles Al-Qaïda, et les trafics de drogue internationaux qui alimentent leurs activités. »
Tandis que l’affaire des Maliens poursuivait son cours, ses défauts sont toutefois devenus évidents. Les prévenus apparaissent davantage comme des hommes malchanceux que comme des criminels endurcis, des amis d’enfance qui pensaient que les informateurs de la DEA les rendraient riches. « Ils nous mentaient. Et nous leur mentions nous aussi », m’a confié Touré depuis la prison. La juge Barbara Jones, qui a supervisé les dernières étapes de la procédure, a déclaré : « Il n’y a aucune implication des suspects ou des infiltrés… ni dans les activités d’Al-Qaïda ni dans celles des FARC. » Un autre juge a vu, quant à lui, autant de problèmes avec le statut qu’avec la valeur de l’affaire. « Le congrès a adopté une loi qui tente de relier le monde entier », me dit-il. L’enquête est encore aujourd’hui citée par la DEA comme un exemple des exploits américains en matière de sécurité nationale. Depuis que les mesures sur le narco-terrorisme ont été adoptées, la DEA a poursuivi des dizaines d’affaires qui correspondaient aux crimes prévus par la loi. L’agence, qui a revendiqué des victoires face à Al-Qaïda, le Hezbollah, les talibans et les FARC, a institué le narco-terrorisme au rang de menace prééminente contre les États-Unis.
À chaque succès supposé, la DEA a fait pression sur le Congrès pour faire augmenter ses financements. En 2012, Michael Braun, anciennement chef des opérations de l’agence, a, lors de son témoignage devant les parlementaires américains, fait état des liens entre les terroristes et les trafiquants de drogue : « Après 37 années passées dans la police et le secteur de la sécurité, croyez-en ma parole, ils parlent sans aucun doute affaires et partagent les enseignements de leurs expériences. »
Le trafic de drogue finance-t-il le terrorisme ?
C’est sans doute vrai. Dans de nombreuses régions, notamment en Colombie et en Afghanistan, il existe des preuves probantes de la collaboration entre terroristes et barons de la drogue.
Mais un examen approfondi des affaires poursuivies par la DEA a révélé de nombreuses similitudes avec le cas des Maliens. Lorsque ces poursuites ont été intentées, les seuls éléments de preuve d’un lien entre le trafic de drogue et le terrorisme ont été mis en évidence par la DEA au travers d’informateurs qui étaient rémunérés plusieurs centaines de milliers de dollars pour inciter leurs cibles à participer à des mises en scène de complots narco-terroriste.
La DEA défend vivement l’efficacité de ces opérations d’infiltration, affirmant qu’elles sont un bon moyen pour identifier en amont les criminels qui constituent une menace pour les États-Unis.
Lou Milione, un haut fonctionnaire de l’agence, m’a confié que « l’une des choses dans lesquelles la DEA fait son affaire, c’est le fait que la quasi-totalité de nos enquêtes sont proactives. »
Mais Russell Hanks, un ancien haut diplomate américain, qui avait un accès direct aux cibles de la DEA lorsqu’il officiait en Afrique de l’Ouest, m’a expliqué : « La DEA a fourni à ces hommes tout ce dont ils avaient besoin pour commettre un crime, puis a dit : “Regardez ce qu’ils ont fait.” » Et d’ajouter : « Ce n’était pas du terrorisme ; c’était de la manipulation de personnes fragiles, dans des pays économiquement faibles, afin de faire gonfler le nombre d’arrestations. »
Prêts à tout
Le 11 septembre 2001, lorsque le vol 77 d’American Airlines a percuté le Pentagone, les agents de la DEA ont été parmi les premiers à réagir, se précipitant depuis leur siège, situé à moins de 800 mètres de là. Dans son livre Infiltré, Edward Follis, ancien agent fédéral de la DEA, se souvient comment lui et des dizaines de ses collègues « se sont précipités… pour retirer les corps, mais il n’y avait pas de corps à retirer. »
L’agence avait des avant-postes dans plus de soixante pays à travers le monde, plus que tout autre organisme fédéral de répression. Et elle comptait environ 5 000 informateurs et sources confidentielles. Michael Vigil, qui était la tête des opérations internationales de la DEA à l’époque, m’a expliqué : « Nous avons appelé toutes les sources que nous pouvions trouver, nous avons cherché des informations sur ce qui s’était passé, qui était responsable, et s’il y avait des plans d’une autre attaque imminente. » Il a ajouté : « Depuis la fin de la guerre froide, nous avions vu des signes qui laissaient penser que les groupes terroristes commençaient à dépendre du trafic drogue pour leur financement. Après le 11 septembre, nous étions sûrs que cette tendance allait se propager. »
Mais d’autres agences de renseignement ont vu les sources de la DEA comme de simples trafiquants de drogue – et les trafiquants de drogue ne connaissent rien au terrorisme.
Un ancien enquêteur du ministère de la Justice en charge du blanchiment d’argent m’a dit qu’il n’y avait aucune preuve réelle qui soutienne les affirmations de la DEA. « Ce qu’il s’est passé après le 11 septembre, c’est que de nombreuses ressources – financières — ont été transférées de la DEA vers la lutte contre le terrorisme », dit-il. « L’agence ne veut pas être le parent pauvre dans cette affaire. »
Le narco-terrorisme, m’a dit l’ancien enquêteur, « est devenu un moyen efficace pour la DEA de justifier son existence. »
La Maison-Blanche s’est ainsi avérée plus réceptive aux requêtes de la DEA. Juan Zarate, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale, affirme dans son livre Treasury’s War que le président George W. Bush voulait que « tous les éléments de la puissance nationale » puissent contribuer à l’effort pour « empêcher une autre attaque de frapper nos côtes ». Quelques mois après les attentats du 11 septembre, lors d’un rassemblement d’organisations de lutte contre la drogue, Bush a déclaré : « Il est important que les Américains sachent que le trafic de drogue finance les actes terroristes. Si vous renoncez à la drogue, vous rejoignez la lutte contre le terrorisme en Amérique. »
En février 2002, le Bureau de la Maison-Blanche chargé de la politique nationale de lutte contre la drogue a transformé le message du président en une série de spots de prévention diffusés durant le Super Bowl. Au lieu d’informer sur les dangers liés à l’usage de stupéfiants illicites – du genre « Ceci est votre cerveau sous drogues » —, les publicités mettaient l’accent sur le fait que les drogues aidaient les terroristes à « torturer le père de quelqu’un » ou à « assassiner une famille ». Au cours des sept années qui ont suivi, les ressources financières allouées à la branche internationale de la DEA ont augmenté de 75 %. Jusque-là, la plus grande participation étrangère de l’agence avait été réalisée au Mexique et dans la région andine de l’Amérique du Sud, le plus grand producteur mondial de cocaïne et berceau des guérillas marxiste – dont les FARC en Colombie et le Sentier lumineux au Pérou. Les deux groupes ont émergé dans les années 1960 et au début des années 1970, peu avant les rébellions paysannes. Ils ont commencé à taxer les producteurs et les contrebandiers de coca pour financer leur expansion. La DEA a vu dans ces organisations des exemples de la manière dont les motivations criminelles peuvent empiéter, et même prendre le dessus, sur l’idéologie. À présent, l’agence se concentrait sur l’Afghanistan, qui avait été l’un des plus grands producteurs d’opium dans le monde jusqu’en 2000, date à laquelle les talibans ont déclaré la culture du pavot contraire à l’islam et l’ont aussitôt bannie. Presque immédiatement après la chute des talibans, les agriculteurs du pays ont commencé à replanter du pavot dans leurs champs ; la DEA a averti du fait que les nouvelles cultures pouvaient devenir une source de revenus pour financer les attaques d’Al-Qaïda. « La DEA a été informée par plusieurs sources que Ben Laden a été impliqué dans le financement et a facilité le trafic d’héroïne », déclarait Asa Hutchinson, l’administrateur de la DEA, lors d’une audition au Capitole en mars 2002.
Crédits : Stratfor
Hutchinson a ainsi cité plusieurs groupes d’insurgés, originaire des pays producteurs de drogue du monde entier, et notamment les FARC, le Sentier lumineux et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Turquie, dont l’est du pays était depuis longtemps tenu pour être un lieu important du trafic de drogues. L’ancien administrateur a également mentionné des éléments de preuves recueillis par la DEA qui laissent à penser que la zone frontalière entre le Paraguay, le Brésil et l’Argentine – qui abrite une large et prospère communauté de businessmen arabes – est devenue une source de fonds pour le Hamas et le Hezbollah. La DEA, avec le soutien du Congrès, a instauré le Counter-Narco-Terrorism Operations Center (Centre d’opérations de lutte contre le narco-terrorisme), un centre d’entraide pour tout renseignement terroriste glané par ses agents à travers le monde. L’agence a rouvert son bureau à Kaboul, fermé depuis l’invasion soviétique en 1979.
Celle-ci a rassemblé des officiers de police originaires de 19 pays d’Asie et d’Europe pour participer à un projet d’échange d’informations appelé « opération de confinement », qui visait à stopper les flux d’héroïne et d’opium afghans.
En 2004, la plupart des membres d’Al-Qaïda ont fui l’Afghanistan, et l’attention de la DEA s’est tournée vers les talibans, dont les agents pensaient que la drogue – émanant du pays — suivait le même schéma que celui des guérillas telles que les FARC. La DEA a mis au place des réseaux d’informateurs et des opérations d’infiltration visant les trafiquants liés aux insurgés. L’agence, qui n’avait jamais jusqu’alors joué un tel rôle dans une zone de guerre, a eu besoin du soutien de l’armée, qui n’était pas disposée à intervenir. Edward Follis, l’ancien agent de la DEA, m’a confié que la plupart des commandants militaires américains avaient pointé du doigt l’agence, qualifiant son action de « violation intentionnelle et flagrante ». Selon lui, le Pentagone « ne pouvait pas aller au-delà de l’idée de capturer ou de tuer des combattants ennemis ». Plus tard cette année-là, la DEA a porté l’affaire devant John Mackey, conseiller d’investigation républicain au Comité sur les relations internationales de la Chambre des représentants. L’ancien agent du FBI était en charge de la lutte contre la drogue auprès de Henry Hyde, président du Comité et éminent républicain de l’Illinois. Les actuels et anciens employés du Congrès se souviennent que Hyde n’était pas très intéressé par les questions de la lutte contre la drogue, ce qui a laissé à Mackey le champ libre pour prendre les devants. « Vous savez comment fonctionne le Congrès », m’a dit un ancien membre du personnel. « On y trouve des tas d’inconnus non élus qui exercent une influence énorme sur des sujets obscurs. Mackey était l’un d’entre eux. » Sous l’impulsion de Mackey, les législateurs républicains ont fait pression sur le Pentagone pour qu’il soutienne les opérations de la DEA en Afghanistan. Follis raconte que la DEA a reçu des dizaines de millions de dollars de fonds supplémentaires, lui permettant d’augmenter significativement le nombre d’agents dans le pays, qui sont passés de deux à plus de quarante, et de développer ses propres forces spéciales, connues sous le nom de FAST – Foreign-Deployed Advisory and Support Team, les équipes de soutien et de conseil déployées à l’étranger. Elles ont mené à bien des raids sur des bazars à opium et des laboratoires d’héroïne.
Le FAST à l’entraînement
Crédits : DEA
L’agence a également identifié une cible afghane très importante, Haji Bashir Noorzai, un trafiquant d’opium qui entretenait des liens étroits avec le chef des talibans, le mollah Omar. En 2004, le président Bush a placé Noorzai sur la liste des barons de la drogue les plus recherchés de la planète. Mais dans la mesure où la plupart de l’opium et de l’héroïne exportées par Noorzai atterrissait en Europe de l’Est et non aux États-Unis, il était difficile pour la DEA de le poursuivre. Mackey a fait de nombreux voyages avec l’agence en Afghanistan, et a averti le Congrès que des gens comme Noorzai allaient « passer à travers les mailles du filet à moins que nous n’élargissions notre mode de réflexion sur eux ». Début 2005, John Mackey a aidé à rédiger une loi qui conférerait à la DEA le pouvoir de traquer les trafiquants de drogue partout dans le monde, dans le cas où ce trafic serait lié au terrorisme. Lorsque Hyde a présenté le projet de loi, il a tenu à attirer l’attention de ses collègues sur sa portée : « Ce projet de loi établit clairement que, même sans lien direct États-Unis, si ces drogues servent de support ou de soutien à une organisation terroriste étrangère, les producteurs et les trafiquants peuvent – et doivent – être poursuivis pour “soutien matériel au terrorisme”, que les substances illicites soient destinées ou non à entrer aux États-Unis. »
La loi a été adoptée en 2006. Mais des interrogations chez des fonctionnaires du ministère de la Justice sur son application ont retardé d’un an sa mise en place. Certaines autorités se sont inquiétées du fait que des procureurs trop zélés pourraient être tentés d’utiliser la législation sur le narco-terrorisme contre les adolescents toxicomanes arrêtés avec de l’héroïne afghane en leur possession. Follis, qui ne plaisantait qu’à moitié, m’a confié : « Le champ de la loi était si large que vous pouviez inculper un sandwich à la mortadelle. » Cependant, lorsque les fonctionnaires du ministère de la Justice ont proposé d’ajouter des éléments de langage à la loi pour définir plus strictement la notion de terrorisme, Mackey a hésité. « Il n’y a pas besoin de préciser ce que nous entendons par “terrorisme” », a-t-il dit. « Vous le reconnaissez quand vous le voyez. » Dans les années qui ont suivi, la DEA a attiré deux marchands d’armes parmi les plus recherchés du monde, Monzer al-Kassar et Viktor Bout, dans des complots liés à la drogue avant de les arrêter, respectivement en Espagne et en Thaïlande. Un ancien haut fonctionnaire de la DEA m’a expliqué que, malgré le fait que Kassar et Bout n’avaient pas été accusés de narco-terrorisme, l’autorisation élargie dont bénéficiait la DEA pour enquêter lui a donné les moyens de poursuivre les trafiquants. David Raskin, ancien procureur principal du District sud de New York, a salué ces arrestations. « Ce ne sont pas les trafiquants de drogue à proprement parler », a déclaré Raskin à propos de Bout et Kassar. « Mais c’étaient manifestement des mauvaises personnes. Et la DEA a reculé ses limites. »
En 2008, la DEA faisait partie de ladite communauté du renseignement des États-Unis, qui regroupe les organismes militaires et civils les plus importants de l’espionnage américain depuis 1981. Michael Braun, qui est largement considéré comme l’architecte du programme afghan, a déclaré aux journalistes : « Au cours des 18 derniers mois, j’ai briefé plus de généraux à trois et quatre étoiles que l’agence n’a pu le faire au cours des 35 dernières années. » Il a ajouté : « Nous observons de plus en plus de connexions qui nous font dire qu’Al-Qaïda est impliqué dans le trafic de drogue. » Certaines des enquêtes de l’agence l’ont conduite en Afrique. Comprenant de larges zones de territoire laissées sans aucun contrôle, un longue histoire de guerres civiles et une montée en puissance des groupes djihadistes, parmi lesquels Boko Haram et AQMI, le continent était perçu par le Département de la Défense comme le nouveau front dans la guerre contre le terrorisme. La DEA a identifié l’Afrique de l’Ouest comme étant un important point de transit pour la cocaïne sud-américaine. Comme en Afghanistan, la plupart des drogues étaient destinées au marché européen. Mais la DEA soutenait que l’argent de ce business finissait dans les mains de terroristes. Lou Milione m’a indiqué que les trafiquants de drogue colombiens qui avaient été arrêtés en Europe de l’Est avaient reconnu avoir transporté, avec l’aide de passeurs arabes, des drogues à travers le Sahara, le long des routes qui chevauchent les territoires occupés par AQMI. « Si quelque chose transitait dans cette région, AQMI devait être impliqué », a déclaré Milione.
Fin 2008, Derek Maltz, qui dirigeait alors la division « opérations spéciales » de la DEA, a été convié à une réunion de hauts dirigeants du Pentagone fraîchement établis en Afrique. « Je ne voulais pas que ces gars-là pensent que j’étais juste un simple agent de la DEA venu pour leur parler des drogues », m’a confié Maltz. « J’étais là pour leur parler d’un problème de sécurité nationale. Et je voulais qu’ils sachent dès le départ que j’en faisais une affaire personnelle. » Maltz, un homme chauve et costaud, a commencé sa présentation par une série de photographies. La première montrait les tours jumelles en flammes. La seconde était une photo de son frère, Michael, ancien membre d’une équipe de sauveteurs parachutistes de l’Air Force, qui faisait un signe de la main fièrement. La troisième photo montrait une ligne d’hélicoptères stationnés sur un aérodrome en Afghanistan. Il y avait un vide là où aurait dû se trouver un hélicoptère – celui de Michael. Il avait été tué en 2003, alors qu’il était en service. « Vous les gars, vous êtes formés pour partir en mission et larguer des bombes sur l’ennemi », a dit Maltz dit à l’assemblée d’officiers. « Mais parfois, c’est impossible. Et c’est là que la DEA entre en jeu. Nous avons d’autres façons de mettre les bad guys hors jeu. »
Des combattants d’AQMI dans le Sahel
Les maîtres du désert
Harouna Touré est né dans un petit village d’éleveurs maliens appelé Bamba, il était le plus jeune des neuf enfants de la famille. Ils vivaient entassés dans un abri composé d’une pièce, faite de bois et de boue. Son père était un ouvrier agricole qui construisait des maisons, des puits et élevait des chèvres. Harouna est allé à l’école pendant quelques années avant de rejoindre son père au travail. Dès qu’il a été assez grand pour conduire, Touré, qui était carré et avait des yeux noirs expressifs, a déménagé à Gao. Il a commencé à travailler avec son frère aîné, Almatar, qui était à la tête d’une flotte de camions qui transportait des marchandises et des personnes à travers le Sahel, une région semi-aride située à la frontière du Sahara qui sépare le sud et le nord Mali. L’endroit grouille d’un commerce non réglementé datant du XVe siècle. Les routes étaient réduites au strict minimum, et conduire 60 kilomètres pouvait prendre une journée entière. « Quand vous arrivez au bout, vous avez mal de la tête aux pieds », m’a raconté Touré. Mais il aimait ça. « Pour moi, c’était amusant parce que chaque jour était différent », dit-il. « Je pouvais rencontrer de nouvelles personnes et voir de nouveaux endroits. » Gao est une ville sordide qui abrite une centaine de milliers d’âmes au bord du fleuve Niger, l’artère principale de la région pendant la saison des pluies. Touré m’a raconté que gérer une entreprise dans le Sahel était, par définition, une activité « presque » légale. Lui et son frère transportaient de la nourriture, du carburant, des matériaux de construction, des cigarettes et des travailleurs bangladais – la plupart d’entre eux arrivés dans le pays sans papiers et sans avoir été contrôlés. Les conducteurs voyageaient dans des convois armés pour se protéger, ainsi que leurs cargaisons, des bandits. Ils devaient aussi payer les militaires, les communautés tribales et les milices ethniques armées qui contrôlaient le territoire le long du chemin. Touré m’a expliqué qu’il n’a jamais eu affaire à al-Qaïda ou à ses agents lors de ses voyages, mais il a traversé le territoire d’autres groupes armés. « Parfois, il fallait leur donner de l’argent, de la nourriture ou du carburant », dit-il. « Si vous ne faisiez pas, vous vous exposiez à de gros problèmes. »
Pendant un certain temps, la situation a souri à Touré. Il a monté une entreprise de construction qui gérait de petits projets au sein des communautés qui bordaient la route des camions. Il employait des dizaines de personnes et gagnait assez d’argent pour voyager jusqu’à Paris et payer le pèlerinage de sa mère à La Mecque. « Je me déplaçais si vite que les gens m’appelaient “le maire” », dit-il. Mais il a accepté de nouveaux chantiers sans avoir été payé pour les précédents, et il s’est endetté. Fin 2008, il avait une femme et deux enfants. En plus de quoi il prenait en charge le traitement de son frère Almatar, devenu diabétique et dont le pied avait été amputé. Au même moment, la DEA a commencé à planifier ses opérations en Afrique de l’Ouest. Parmi les principales cibles de l’agence figurait AQMI, qui avait récemment commis un attentat au bureau des Nations Unies à Alger et avait, à plusieurs reprises, enlevé des touristes étrangers, des diplomates et des journalistes pour obtenir une rançon. Mais les actions de terrain – dans cette région — n’avaient rien de comparable avec celles menées en Amérique latine, où la DEA comptait nombre d’employés sur une zone allant de Tijuana à la Terre de Feu. Les opérations sur le continent africain ont été supervisées en grande partie depuis Rome. L’unité de narco-terrorisme en charge de la région était basée à Chantilly, en Virginie. Et l’agence manquait si cruellement d’agents familiers des dialectes africains qu’a été contrainte de s’appuyer sur des informateurs, rémunérés seulement si leurs renseignements donnaient lieu à des poursuites. (Les porte-paroles de la DEA nient le fait que des indics ont été payés en fonction de leurs informations, et que sa conduite en Afrique était différente de celle qu’elle observait sur d’autres continents.) « Nous avions d’importantes lacunes dans nos connaissances », m’a confié un ancien fonctionnaire de la DEA en charge du renseignement. Pour autant, il ajoute : « Dès que nous avons commencé à faire circuler de l’argent dans la rue, on est passés de 0 à 100 en deux secondes. » Mohamed faisait partie des informateurs payés par la DEA. Les agents me l’ont décrit comme un homme d’affaires libanais qui entretient des liens avec les communautés arabes d’Amérique du Sud et d’Afrique de l’Ouest. Il a reçu plus de 300 000 dollars pour son rôle dans l’affaire des Maliens.
En septembre 2009, une enquête sur un complot indépendant a conduit Mohamed à Oumar Issa, un Malien à la carrure imposante, souriant, les traits anguleux, qui travaillait comme ouvrier agricole et chauffeur dans le port de Lomé, au Togo, une autre plaque tournante du trafic en Afrique de l’Ouest. Mohamed a confié à Issa qu’il cherchait quelqu’un qui pourrait aider un groupe de riches Colombiens à faire transiter de la drogue du Ghana vers l’Espagne en passant par le Mali. Issa a répondu : « Je connais des gens qui ont un pied dans la brousse. » C’est alors qu’il s’est rendu au Mali pour chercher Touré. Les deux hommes étaient amis depuis l’adolescence, mais quand Issa a abordé la question du transport de drogue, Touré a dans un premier temps décliné l’offre. Issa, qui s’était éloigné de l’islam, était connu pour être un alcoolique notoire. Touré ne voulait rien avoir à faire avec la drogue, principalement pour des raisons religieuses. Et il ne pensait pas se sortir sans encombre de la situation proposée par Mohamed. Les contacts de Touré n’étaient pas prêts à traverser le Sahara. Quant à Al-Qaïda, Touré m’a expliqué qu’il n’aurait jamais pu travailler avec eux. « Ils traitent les Noirs comme des esclaves. »
Accra, au Ghana
Crédits : Andrew Lyon
Mais Touré raconte qu’Issa l’a imploré de revenir sur sa décision. « J’ai pensé que si je pouvais me contenter de toucher l’argent, tout irait bien. Je pourrais prendre un nouveau départ », m’a-t-il dit. Il a enrôlé Idriss Abdelrahman, qui vendait des pièces d’automobiles sur un marché en plein air à Gao. Ensemble, m’a expliqué Touré, les trois hommes ont mis au point un système aussi élaboré que celui de la DEA. Alors que les informateurs prétendaient faire partie des FARC, Touré, Issa et Abdelrahman ont également fait mine d’appartenir à un réseau criminel qui entretenait des liens avec Al-Qaïda. D’après Touré, l’objectif était d’amener les trafiquants à leur verser une partie de l’argent avant l’opération, puis de disparaître dans le nord du Mali. Ce dernier précise qu’il était évident que les trafiquants n’avaient jamais mis les pieds au Mali, aussi n’a-t-il pas été très difficile de les berner.
Le 6 octobre 2009, Touré et Mohamed se sont rencontrés pour la première fois, dans une chambre d’hôtel au Ghana. D’après la vidéo de l’enregistrement fourni par la DEA, Mohamed, un homme de grande taille dont la bedaine dépassait de sa ceinture, a sorti une carte et proposé un itinéraire. Touré lui a retiré des mains et il a proposé un autre chemin. Touré a dit à Mohamed que pour ce voyage, la note serait salée. « Il y a des islamistes, des gars barbus ; ils sont dans la brousse », a-t-il expliqué. « Tu dois donner un petit quelque chose à leurs chefs. » Mohamed, qui préférait les appeler « nos frères », a dit : « Laissons-les prendre autant d’argent qu’ils veulent pour baiser les Américains. » Il a ajouté : « Tu paies Al-Qaïda pas vrai ? » Touré a hoché de la tête. « Vous payez tout ça. » Mohamed demandait plus de garanties. Il a dit à Touré qu’il inviterait un chef des FARC à les rejoindre au Ghana s’il ramenait un représentant d’Al-Qaïda. Pour jouer le rôle de David, le chef des FARC, la DEA a envoyé Walter Ramirez, un trafiquant de drogue déjà condamné originaire de Detroit qui travaillait comme informateur pour l’agence depuis près de dix ans. Touré a quant à lui invité Abdelrahman pour jouer le rôle du chef d’une milice affiliée à Al-Qaïda.
L’arrivée de la police ghanéenne
Crédits : DEA
La DEA affirme que, lors des réunions suivantes, les Maliens ont apporté de nombreuses preuves de leurs connexions avec Al-Qaïda. Les retranscriptions sont difficiles à suivre. Pour autant, le sujet d’Al-Qaïda a clairement été évoqué à plusieurs reprises, et souvent par les indics qui cherchaient à obtenir des déclarations pouvant incriminer leurs interlocuteurs. À une occasion, Mohamed a donné l’instruction aux cibles de l’enquête de s’adresser de façon plus agressive s’ils voulaient persuader David de faire le deal. « Je lui ai dit que vous étiez des guerriers », a déclaré Mohamed. « Faites-le sentir quand vous parlez pour que je puisse le répéter. Vous comprenez ? » David a brandi une liasse de billets. « Tu m’as dit que vous aviez besoin d’acheter un camion, n’est-ce pas ? » a-t-il demandé à Touré. « Voilà 25 000 dollars pour que vous puissiez l’acheter. » Mohamed a suggéré que la marque de confiance de David méritait un retour d’ascenseur. « Vous devez connaître notre pouvoir », a déclaré Touré. « Vous devez être au courant nos réseaux. » « C’est ça », a dit Mohamed. « Voilà ce qu’il veut. » Plus tard, il a demandé aux Maliens s’ils étaient vraiment « les maîtres du désert ». Abdelrahman est intervenu : « Nous avons les voitures, le pouvoir et les armes. » Touré a ajouté : « Nous avons des bandes. Nous avons des bases. Nous avons des armes. Nous avons tout. »
On a parlé avec un ex-policier qui a plus d’une mission d’infiltration derrière la cravate.
Illustration par Mathieu Rouland
Quand on parle d’infiltration, d’agent double, d’agent secret, on pense tout de suite à James Bond. Être un beau monsieur qui aime allonger de belles madames et qui sait se servir de plein de gadgets super technologiques. Mais est-ce que c’est vraiment ça, l’infiltration?
Je suis allée prendre un café avec Robert*, un policier à la retraite, pour lui soutirer des informations sur la vie d’infiltrateur. L’homme a plusieurs années d’expérience, et comme un pro, il esquive toutes les questions trop pointues à son goût.
VICE : C’est quoi la différence entre un agent double et un agent d’infiltration? Robert : De nos jours, y a les Mister Big. C’est une méthode d’enquête, pour approcher un criminel quand on est convaincu qu’il a fait un meurtre. On envoie un gars qui infiltre son entourage pour essayer de le faire parler.
Le gars l’approche, peu importe les moyens, soit comme chum, comme ami, dans le but ultime, dans six mois ou un an, de le faire parler. Il lui paye la traite, l’amène dans les restos, lui paye des affaires, lui offre des opportunités de faire de l’argent et c’est comme ça qu’on voit si le gars est croche un peu. Ça, c’est un agent d’infiltration.
Alors qu’un agent double, c’est presque tout le temps relié aux stupéfiants. Un gars undercover qui va acheter de la drogue, pour essayer d’entrer dans un réseau. C’est un peu ça la différence.
Qu’est-ce qui t’a amené à faire de l’infiltration? Faire de l’infiltration, ça te permet de patauger dans un genre de vie criminelle, sans y être complètement. Voir des affaires, tout en étant correct. J’irais pas jusqu’à dire que j’ai déjà rêvé de ça, mais je regarde mes amis quand j’étais jeune, j’aurais pu mal tourner… et y a le challenge de passer inaperçu dans ce milieu-là. Avoir 18, 20 ans, je suis pas certain que je retournerais dans la police. Ça apporte beaucoup, mais t’es toujours dans le négatif. T’as une vie familiale ‘fuckée’. Les horaires, c’est pas terrible. Le seul avantage, c’est que tu peux sacrer ton camp de bonne heure, avec une bonne pension.
La formation pour faire de l’infiltration, ça ressemble à quoi?
À l’époque, après la formation de policier, t’avais un mois de formation supplémentaire pour faire de l’infiltration. C’est pas assez, ça te prépare pas. Comment agir dans telles et telles situations, comment changer ton identité, comment te faire une deuxième vie… L’école, ça sera jamais comme être sur le terrain.
Est-ce qu’il y a des cours de jeu? Non. T’improvises. T’embarques dans ton personnage pis tu t’arranges pour être prêt à réagir sur un 10 cennes.
C’est quoi les qualités que ça prend pour faire de l’infiltration?
Confiance en soi, être fonceur, mais il faut que tu sois allumé, parce que tu sais jamais qu’est-ce qui va se passer. Qu’est-ce que je fais icitte? Si je me fais poser telle question, qu’est-ce que j’vais dire? C’est comme un jeu d’échec, il faut que tu penses 15 coups d’avance. Le hamster roule tout le temps. T’es jamais tranquille à regarder les nuages.
Qu’est-ce que tu fais, pour pas te mélanger dans tes histoires? À force de te forger des histoires, tu deviens bon menteur. Faut que tu les croies, tes menteries, parce qu’il faut que t’en parles, que tu t’imagines que tu l’as vraiment fait. Il faut que ça sorte tout seul quand tu en parles. Pis si on reparle la fin de semaine d’après, il faut revenir sur le sujet. Le danger, c’est que ça devienne pas clair dans ta tête, c’est plus difficile de convaincre les autres pis plus facile de te mélanger dans tes histoires. Ça fait que tu finis par croire tes histoires. C’est fucké, hein?
Combien de temps dure chaque mission? T’es rarement là plus que deux ans, après ça, on t’envoie ailleurs. Tu retournes pas tout de suite en bleu [en uniforme], tu vas dans une section un peu à l’abri au début.
As-tu déjà eu peur pour ta vie? [Long soupir] C’est arrivé, mais on dirait que j’ai fait une croix là-dessus. Je pourrais pas te conter quand j’ai eu peur parce que j’ai comme tassé ça de mon existence. Des fois, t’es tout seul dans un party avec des gens, tous criminalisés, pis sont pas comme toi pantoute. T’es bien entouré, par contre, t’as toujours le SWAT et des enquêteurs pas loin. Je me suis jamais senti abandonné, mais tu sais jamais comment ça peut tourner. Ça a comme un peu fucké ma vie… Encore aujourd’hui, quand je vais au restaurant, j’ai le réflexe de regarder partout, je vais en arrière, je m’assois toujours pour voir la sortie… Même chose quand je vais au centre d’achat, je pense à beaucoup de choses avant de choisir où je me stationne.
As-tu des anecdotes drôles?
Des fois, tu peux être dans un restaurant, pis là, t’as quelqu’un de ton autre vie qui vient te voir. Tu fais semblant de pas le connaître, alors qu’il vient te voir et qu’il t’appelle par ton prénom. « Je te connais pas, je t’ai jamais vu. T’es fucké. J’ai jamais fait ça. »
Ça peut te mettre dans la merde, j’imagine? Je m’en suis bien tiré, mais c’est sûr qu’après, tu te fais poser des questions. « Comment ça qu’il t’appelle par un autre nom? » Les gars sont pas fous. Tu patines, pis t’es heureux d’avoir déjà pensé à tes portes de sortie.
As-tu déjà été découvert ?
Non. Personne ne s’est aperçu de ce que je faisais en mission, et, par la suite, j’ai jamais reconnu des visages que j’avais vus par le passé, pis qu’il n’aurait pas fallu que je reconnaisse.
Si ça arrive, comment il faut réagir? Mettons que ça m’arrive demain matin, je suis retraité, c’est moins pire que si je me faisais voir en uniforme. Ça se peut que j’ai changé de vie pis que je me tienne tranquille. Quand tu patrouilles en uniforme, c’est là que c’est dangereux, parce que c’est assez dur de dire que t’es pas dans la police.
Tu dis quoi à ta blonde? Tu la laisses. Tu peux pas faire ça avec une femme pis des enfants. C’est trop long, c’est pas comme si tu faisais ça une semaine ou deux. Tu peux pas cacher ça à ta blonde pendant trois ans… que tu fais une « autre affaire », que tu vis « dans un autre appartement » avec une « autre fake madame ».
Comment tu développes de vrais liens avec les gens?
T’en as quasiment pas. Même ma mère ne savait pas ce que je faisais.
Est-ce que ça t’est déjà arrivé de te faire une blonde « dans une autre vie »? Une fréquentation, mais pas une blonde.
Est-ce que c’était dans le but d’obtenir ou d’apprendre quelque chose? Non, pour le fun. C’est pour ça que ça a duré le temps d’une rose. Le danger, c’est de tomber en amour pour vrai pis d’oublier le but premier de ta mission. Faut mettre les distractions de côté. Le risque est trop grand quand tu deviens intime avec quelqu’un.
Est-ce qu’ils vous apprennent comment vous protéger de ça? J’ai jamais eu de cours là-dessus. Tu l’apprends sur le tas. Tu gardes tes distances.
Quand tu arrives sur une mission, tu pars avec quoi comme information? Ça dépend toujours, c’est du cas par cas. Des fois, on laisse ça à ta discrétion, des fois c’est des scénarios préétablis. On t’embarque dans un personnage pis on te dit quoi faire. Mais t’as toujours un bon dossier sur les voisins, les fréquentations du gars, plein d’autres affaires.
À qui on ne devrait jamais faire confiance? Tu te fies juste à toi. Dans la vie, pis surtout dans ce milieu-là. Tu devrais pas faire confiance à personne. Sur Facebook, oui tu peux mettre des jokes, mais ce que tu manges, où, avec qui, pis où tu vas faire tes commissions l’après-midi, le moins possible.
Est-ce que dans le cadre de ton travail tu as déjà posé des actes illégaux ? Oui, mais je peux pas te dire jusqu’à quel point. Qui n’a jamais fait des affaires illégales? Boire une bière dans un parc, c’est illégal.
C’est quoi tes outils pour te détacher de ces vies-là et rester sain d’esprit ? Il faut que tu te trouves des passions en dehors de ça pour essayer d’oublier cette vie-là.
En France, certains dossiers d’opérations d’infitration sont classés « SECRET DÉFENSE », et par exemple, à la Douane française, la lâcheté de François AUVIGNE, un DG énarque et inspecteur des finances, laissera NS 55 DNRED, un des agents infiltrés plus de dix ans en taule, expliquant qu’il n’avait pas à assumer les engagements pris par ses prédécesseurs. lire
Edouard Philippe semble oublier qu’en renforçant la lutte par une action hyper-répressive, il fait en réalité la partie belle au trafic, aux narcotrafiquants et aux narcofinanciers. La lutte contre la drogue est un autre combat, mais qui se heurte au fait que plus les individus se droguent, plus l’Etat se renforce.
La déclaration du premier ministre à l’Assemblée nationale:
"Durant les douze prochains mois notre priorité sera de combattre le trafic de stupéfiants qui gangrène des pans entiers de notre territoire", explique @EPhilippePM. Le Premier ministre promet un harcèlement des points de vente et de faire tomber les têtes de réseaux.#DirectANpic.twitter.com/24HsrWy2cU
En France, cette drogue était au coeur de la réunion interservices qui a rassemblé, en début d’année, les enquêteurs du renseignement douanier (DNRED) et des douanes judiciaires (SNDJ), leurs collègues de l’Office des stups (OCRTIS) et de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp), ainsi que les représentants de nombreuses administrations préoccupées par le sujet.
Quid de l’évolution d’un marché souterrain dont la hausse des saisies, notamment du Fentanyl, inquiète les douanes ?
Les groupes criminels ont également commencé à produire du fentanyl, mais pas du tout de la même manière que les laboratoires pharmaceutiques. Et qui aujourd’hui a donné naissance à un marché noir de ce produit, notamment par les cartels mexicains ou asiatiques, au point de se retrouver de plus en plus dans d’autres stupéfiants. Par exemple, vous avez des consommateurs qui peuvent acheter de la cocaïne en ligne coupée avec de la fentanyl.
En somme, de manière illicite, c’est un produit qui peut être utilisé comme un produit secondaire à certains opiacés comme l’héroïne. Les héroïnomanes qui recherchent un effet similaire peuvent s’y intéresser. On se rend compte également que ces groupes criminels peuvent le mettre dans d’autre produits sans en informer le consommateur.
Quelles sont les conséquences ?
Les opiacés dosés de manière classique vont rendre les personnes très détendue, très zen et avec une vision assez positive de la vie. C’est un super décontractant mais avec des effets secondaires très problématiques pour un opiacé 40 fois supérieur à l’héroïne.
Le fentanyl augmente donc les risques d’overdose en raison de sa nature mortelle à un faible dose, et où ce dosage peut être dur à faire pour un addict.
En effet, un héroïnomane qui s’est habitué à continuer à prendre de l’héroïne pour rester en vie n’est pas du tout habituer à la diminution nécessaire des doses pour prendre du fentanyl. On parle de milligrammes !
La dépendance dès la première dose dépend alors des individus, de leur métabolisme. Comme avec l’alcool, les gens sont inégaux devant les drogues. Mais à partir de quelques doses, on peut facilement devenir dépendant. Et comme les drogues évoquées plus tôt, la dépendance est extrêmement forte, rendant très difficile d’en sortir.
Quelles sont pour vous les solutions qui permettraient de s’attaquer à ces fléaux ?
La première chose essentielle, c’est la prise de conscience du danger que ces produits font courir aux populations. Ils sont présents un peu partout en Afrique de l’Ouest, dans les pharmacies « par terre », des officines informelles qui vendent des médicaments de contrebande et que les autorités tolèrent souvent, car elles permettent aux pauvres d’avoir l’illusion de se soigner. Or il ne s’agit pas de médicaments, mais de poison.
Et même lorsqu’il s’agit de Tramadol – un véritable médicament, lui – son usage sans contrôle est excessivement dangereux.
Une deuxième solution serait de renforcer les services de sécurité en leur permettant de bénéficier des techniques modernes d’investigation, comme les interceptions judiciaires et la surveillance électronique.
Il faut réformer les services de sécurité et les services judiciaires dans le sens de la spécialisation. À un crime organisé spécialisé et professionnel, il faut opposer des policiers, des gendarmes, des douaniers et des magistrats également spécialisés.
Enfin et pour en finir, il faut développer une coopération internationale et transversale.
Pas une coopération de séminaires, avec des déclarations d’intention devant des buffets garnis. Non, il faut des actions efficaces et tangibles.
Les choses commencent à changer et même si la lutte contre le crime organisé a pris beaucoup de retard, je garde espoir. En fait, nous n’avons plus vraiment le choix.
Atlantico: Dans « Africa Connection », vous proposez un grand panorama des cartes de la drogue et autres trafics illégaux sur le continent africain. Quelles sont tout d’abord les spécificités de ces réseaux aujourd’hui ?
Laurent Guillaume : Ces réseaux tiennent aujourd’hui la « dragée haute » au crime organisé classique, celui des mafias italo-américaines, des cartels sud-américains, des triades chinoises et des yakuzas japonais. Ces criminels jouent à domicile même si, pour être exact, depuis déjà plusieurs décennies, ils sont implantés aux quatre coins du monde.
Leur influence s’exerce au Brésil, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, au Pakistan et même en Afghanistan. Ces réseaux – souvent nigérians – se caractérisent par une résilience exemplaire dans un univers mondialisé. Ils opposent des modèles criminels d’une grande souplesse, à l’organisation très fluide, peu hiérarchisés, à des structures traditionnelles verticales et pyramidales, très hiérarchisées et pérennes comme la Camorra. Par ailleurs, ces réseaux nigérians recrutent sur une base ethnique – souvent des Igbos ou Yorubas du sud du Nigéria – avec des cérémonies d’intronisation animistes au cours desquelles les membres doivent prêter un serment d’allégeance, serment qu’ils devront respecter au risque de voir s’abattre – du moins le croient-ils – les pires fléaux sur eux et sur leurs proches. Les trafiquants vont jusqu’à prendre ces familles en otage, en gage de loyauté et d’omerta. Ce recrutement ethnique des membres des réseaux nigérians rend toute tentative d’infiltration impossible. Enfin, ils utilisent des langues vernaculaires pour communiquer, ce qui complique les interceptions téléphoniques. En bref, ils représentent un véritable casse-tête pour les forces de sécurité.
L’Office des stups ne semble plus devoir quitter la spirale des révélations compromettantes.
Le ménage est fait par une magistrate qui a découvert qu’un policier de l’office avait fait surveiller le numéro de son épouse. Selon nos informations, le patron de l’OCRTIS l’a d’abord caché à la magistrate.
Quand à l’été 2016 Vincent Le Beguec a franchi les portes vitrées coulissantes de la rue des Trois-Fontanot à Nanterre, il n’envisageait peut-être pas l’ampleur du chantier qui l’attendait à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). Libération écrivait alors que le commissaire avait pour « lourde tâche de redorer l’image d’un service ébranlé par les méthodes de son ancien patron ». Moins de trois ans après, le successeur de François Thierry se retrouve à son tour en difficulté et en proie aux critiques des magistrats spécialisés qui mettent en cause sa loyauté.
Déjà secoué par « l’affaire Hambli », du nom du principal indic de l’ancien patron du service, lui-même sous le coup de deux mises en examen à Bordeaux et Lyon, l’office des stups ne semble pas devoir quitter la spirale des révélations compromettantes. Il y a d’abord eu cette hiver la mise en cause d’un expérimenté chef de groupe, suspecté d’avoir informé son indic des allées et venues d’un rival qui l’avait floué.
Ce rival a été enlevé, séquestré et sévèrement battu, selon les révélations du Monde que Mediapart a détaillées. Le policier est soupçonné d’avoir « glissé » discrètement une demande de facturation détaillée (fadet) dans une enquête sans aucun rapport et menée par une juge d’instruction, appartenant à la Juridiction interrégionale spécialisée de Rennes (JIRS).
En découvrant l’affaire, la juge bretonne a dessaisi l’OCRTIS des quatre dossiers qu’elle lui avait confiés, mais elle ne s’est pas arrêtée là. Comme l’a dévoilé Europe 1, elle a demandé au chef des « stups » de justifier l’ensemble des demandes de « fadet » et de géolocalisation réalisées dans le cadre de ses procédures menées avec le prestigieux office de Nanterre. Et elle a eu une surprise en découvrant qu’un autre policier a fait surveiller le numéro de son épouse.
Ce qui pourrait n’être qu’une dérive individuelle, une erreur de Post-it mélangés, comme l’a expliqué le fonctionnaire, se double d’un aspect plus embarrassant pour les relations policiers-magistrats déjà sérieusement mises à mal depuis quatre ans. Depuis la saisie de 7 tonnes de cannabis lors d’une opération ratée de l’OCRTIS dirigé alors par François Thierry et dont la justice semble avoir tout ignoré…
Selon les informations recueillies par Mediapart, quand, mi-avril, la juge d’instruction rennaise a demandé à qui était attribué le numéro litigieux, le commissaire Le Beguec a d’abord répondu qu’il s’agissait de celui « d’un policier de son service ». La magistrate est alors revenue à la charge en exigeant l’identité du policier. Le patron de l’OCRTIS a fini par reconnaître qu’il ne s’agissait en réalité pas d’un fonctionnaire de son service, mais bien de l’épouse d’un fonctionnaire de son service. « On a menti à un magistrat, commente une source judiciaire. C’est particulièrement grave. »
Le parquet de Nanterre a été saisi. Il précise qu’il a « reçu la semaine dernière un courrier du tribunal de grande instance de Rennes » et « étudie les suites à lui donner ». Contacté, Vincent Le Beguec n’a pas répondu aux sollicitations de Mediapart. Quant à la direction générale de la police nationale, elle n’a pas souhaité non plus faire de commentaires, arguant d’une enquête en cours.
En juillet 2017, le commissaire Le Beguec avait semblé plutôt désemparé au moment de rendre compte d’un entretien avec sa supérieure, Mireille Ballestrazzi, alors directrice centrale de la police judiciaire. Il s’entretenait avec son adjoint de l’époque, lui-même placé sous écoutes judiciaires dans l’affaire Hambli. « On n’arrête pas là maintenant les conneries ? s’interrogeait M. Le Beguec. Qu’est-ce qu’il faut, alors, c’est pas encore assez, un procureur adjoint, un JLD [juge des libertés et de la détention] qui sont également dans le dossier ? Enfin bon… des fois j’arrive plus à comprendre. »
Il fait là référence à deux magistrats mis en cause dans la procédure lyonnaise de François Thierry car soupçonnés d’avoir permis la fausse garde à vue d’un indic. Surtout, Vincent Le Beguec concluait : « J’en ai au moins profité pour bien lui [la directrice de la PJ] redire que la JIRS, c’était même pas la peine de penser qu’on allait travailler avec eux… » Le commissaire parlait alors de la JIRS de Paris. Désormais, son service est aussi confronté à la défiance de celle de Rennes.
Jérôme Bonet, le patron de la DCPJ
La perspective d’un changement de nom de l’Office des stups, comme l’a révélé Mediapart, suffira-t-elle à rétablir la confiance avec les magistrats ? Cette réforme imposée à marche forcée par l’Élysée doit aboutir avant l’été. D’ores et déjà, il semble que la sortie de l’OCRTIS de la police judiciaire n’est plus au goût du jour.
En revanche, gendarmes et douaniers auront un rôle renforcé et un magistrat de liaison devrait s’installer à demeure au sein de la nouvelle structure. Quant au nom de cette dernière, les hautes sphères policières hésitent entre « office central de lutte anti-drogue » (OCAD) et « office central interministériel anti-drogue » (OCIAD). Même si rien n’est gravé dans le marbre. Là encore, le suspense perdure, la direction générale de la police nationale se disant soumise à la « période de réserve électorale », jusqu’aux élections européennes.Si vous avez des informations à nous communiquer, vous pouvez nous contacter à l’adresse enquete@mediapart.fr. Si vous souhaitez adresser des documents en passant par une plateforme hautement sécurisée, vous pouvez vous connecter au site frenchleaks.fr.
L’Office central antidrogue (OCAD) va remplacer l’actuel Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS)
L’OCAD aura pour mission de centraliser toutes les informations.
Il aura fallu plus d’un an pour que le projet se décante. La réforme des services chargés de la lutte contre le trafic de drogue, dont les derniers détails ont été fignolés lors d’une réunion interministérielle fin mai, devrait être présentée dans les jours qui viennent au président de la République, selon les informations du Monde.
Emmanuel Macron avait appelé de ses vœux ce «plan stup», en mai 2018, pour une présentation en juillet de la même année. Mais, entre l’affaire Benalla, la démission de Gérard Collomb du ministère de l’intérieur et la crise des « gilets jaunes », la Place Beauvau n’avait jamais trouvé le temps de rendre sa copie.
C’est désormais chose faite. Laurent Nunez, le secrétaire d’Etat auprès de Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, a pris la main sur ce dossier complexe.
Sur le modèle de ce qui a été fait avec la DGSI
De nombreuses entités travaillent aujourd’hui sur la lutte contre les stupéfiants : l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants l’OCRTIS, qui dépend de la police judiciaire), les sûretés départementales, les douanes et la DNRED (Direction nationale du renseignement du renseignement et des enquêtes douanières), les sections et brigades de recherche des gendarmes… Le tout plus ou moins en lien direct avec les magistrats des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). Une multitude d’acteurs qui opéraient parallèlement, voire en concurrence. (Quand ils ne se montaient pas des ‘chantiers’ ou autres vilenies dont ils sont capables. Mais ça, c’était hier!)
« L’idée directrice du plan est de décloisonner le fonctionnement des nombreux services qui travaillent sur la lutte contre les stupéfiants et de mieux partager les informations », explique-t-on place Beauvau.
Les ministères de l’intérieur et de la justice, sous le contrôle de Matignon, ont fini par se mettre d’accord pour désigner un nouveau chef de file de la filière « stup », sur le modèle de ce qui a été fait avec la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour la lutte antiterroriste.
Un Office central antidrogue (OCAD) va donc être créé, en remplacement de l’OCRTIS, avec un rôle de centralisation de toutes les informations.
Il sera sous la coupe de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), grande gagnante du bras de fer. Au désarroi des gendarmes, qui participeront bien à la nouvelle entité, mais auraient préféré la diriger. Apporteront-ils l’ensemble des connaissances acquises depuis des décennies? Comme les Gendarmes ont eu l’habitude de la fermer, du temps où ils faisaient partie de la ‘Grande muette’ il est probable que certaines infos auront du mal à remonter.
Quant au ministère de la justice qui avait aussi espéré un temps placer un magistrat à la tête de cet office, il s’est vu renvoyé à la stricte application du Dalloz.
Cette refonte nationale s’accompagne de la création de CROSS (cellules de renseignement opérationnelles sur les stupéfiants) au niveau départemental. Composées de policiers et de gendarmes, elles seront chargées de collecter toute l’information localement avant de transmettre les éléments au procureur. Elles devront faire le lien avec la police de sécurité du quotidien, en prise directe avec les quartiers les plus difficiles en termes de trafics. Des comités de pilotage entre les préfets et les magistrats seront mis en place pour chapeauter le tout. Ce nouveau schéma s’inspire de ce qui est déjà pratiqué à Marseille et à Lille ou de la CROSS qui vient d’être mis en place à Perpignan.
Le « plan stup » présenté au président de la République devrait enfin comporter un volet international pour améliorer la collaboration avec les pays voisins et les grands organismes comme Europol.
Mais pourra-t-on travailler avec la DEA sans avoir à travailler pour la DEA?
La Douane française
La Douane, ses avions, ses gardes-côtes et son service action la DNRED avec la CELTICS et l’ensemble des échelons seront particulièrement mises à contribution pour lutter en amont contre l’importation des produits sachant aussi que les attachés douaniers sont des relais bien implantés au quatre coins de la planète. Et pour le TRACFIN, on peut imaginer qu’il soit, lui aussi, sollicité pour frapper fort au portefeuille…
Si le phénomène des mules – ces personnes qui transportent la cocaïne pour passer les contrôles des aéroports, notamment en provenance de Guyane – inquiète les autorités, il ne représente « que » deux tonnes de drogue sur les 16 qui arrivent chaque année sur le territoire, principalement par conteneurs, selon les autorités.
A travers cette grande réorganisation des services, le gouvernement espère faire coup double. S’il s’agit bel et bien de changer de braquet dans la lutte contre les trafics, ce plan est surtout l’occasion de tirer un trait sur plusieurs années de polémiques concernant le fonctionnement de l’ OCRTIS, l’actuelle entité en pointe sur les « stups ».
C’était un service tout-puissant
Basée à Nanterre sous la responsabilité de la DCPJ, mais avec une compétence nationale, il a été reproché à cette structure, mise en cause à plusieurs reprises, sa manière de mener ses enquêtes en lien parfois trop étroit avec ses informateurs.
Plusieurs informations judiciaires ont été ouvertes, et l’ancien directeur, François Thierry, a été mis en examen à plusieurs reprises, notamment pour « complicité de trafic de stupéfiants ». Un comble pour l’homme qui a longtemps incarné la figure charismatique de la lutte antidrogue et pour un service loué pour son efficacité par le pouvoir politique.
C’est en mettant en place une nouvelle doctrine de lutte contre les stupéfiants, baptisée « Myrmidon», consistant à privilégier le démantèlement des réseaux criminels aux saisies sèches de marchandises, que l’office a obtenu ses meilleurs résultats, au point de devenir un service tout-puissant et incontournable. C’est par cette même doctrine et avec la révélation de ses implications opérationnelles que l’OCRTIS a précipité la réforme présentée aujourd’hui.
La découverte…, en octobre 2015, par la DNRED, le service de renseignement des douanes, de sept tonnes de cannabis, boulevard Exelmans, dans le 16e arrondissement de Paris, a permis de lever le voile sur des pratiques douteuses. La cargaison saisie appartenait en fait à Sofiane Hambli (photo à gauche), figure majeure de l’importation de cannabis en France et informateur de l’OCRTIS.
Les enquêtes judiciaires qui ont suivi ont précisé les contours de sa relation avec l’office. Traité directement par le directeur, François Thierry, il a permis à celui-ci de réaliser de très belles affaires. Pour quelle contrepartie ? A-t-il continué de son côté à importer du cannabis pour son propre compte ? Que savait M. Thierry des autres activités de son informateur ? Et au final, qui a manipulé qui ?
Guerre sourde
François Thierry a par exemple été jusqu’à mettre en place une fausse garde à vue afin de permettre à Sofiane Hambli d’être extrait de la prison où il était incarcéré pour qu’il puisse passer des appels à ses contacts trafiquants au Maroc. Un habillage de la procédure qui vaut aujourd’hui à la procureure adjointe Véronique Degermann (photo à droite), alors en poste au parquet de Paris et qui avait validé la prolongation de cette garde à vue, une mise en examen pour « faux et usage de faux ». Les policiers de l’ OCRTIS assurent qu’ils ont toujours informé les parquets concernés des tenants et aboutissants de leurs opérations.(Grand bal des faux-culs en perspective.)
En créant l’OCAD sur les cendres de l’OCRTIS, le ministère de l’intérieur espère renouer le lien avec les procureurs et les juges, qui parlent de leur côté de « rupture de confiance ».
C’est que, en creux, une guerre sourde a opposé l’office à de nombreux magistrats des JIRS. D’un côté, les policiers reprochent à ces derniers de se draper dans des principes qu’ils n’avaient pas quand les résultats étaient au rendez-vous. Les magistrats estiment, en retour, que les policiers ont omis de les informer des détails de leurs opérations et ont eu une interprétation un peu trop libre du code pénal, notamment de l’article encadrant les « livraisons surveillées », ces ventes de drogue qui s’effectuent sous le contrôle des forces de l’ordre pour mettre au jour des réseaux.
Cet affrontement a eu de lourdes conséquences.
De nombreuses JIRS, à Paris et à Rennes par exemple, ont peu à peu cessé de saisir l’office sur des affaires de drogue. Il est même arrivé que certains magistrats de la JIRS de Paris doivent enquêter sur les agissements de l’OCRTIS, tout en travaillant par ailleurs avec l’office sur d’autres affaires. Une situation intenable.
La révélation récente par « Le Monde » d’une nouvelle incartade de l’OCRTIS a accéléré l’inéluctable réforme de l’office. Un capitaine de police a été soupçonné d’avoir fait, à Marseille, en 2018, une fausse réquisition judiciaire pour obtenir les fadettes (factures de téléphone détaillées) d’un trafiquant. Celui-ci était suspecté par un informateur de l’OCRTIS de lui avoir volé de la marchandise. Le policier a-t-il transmis ces fadettes à son indicateur ? Il assure que non. Toujours est-il que l’homme soupçonné d’avoir volé de la drogue à l’indicateur a ensuite été victime d’une expédition punitive. Cet ultime faux pas a sonné le glas de l’OCRTIS, au profit de l’OCAD.
Un simple coup de peinture sur la façade ?
Mais non, la Mère Denis a été appelé en renfort place Beauvau et elle lave toujours plus blanc que blanc les mêmes draps!
Le « plan stup » est avant tout une réforme de structure.
Il n’a pas pour objectif de régler l’épineuse question des indics, maillons essentiels de la lutte antidrogue, par qui les affaires, mais aussi parfois les scandales, arrivent.
Ite missa est!
source: Le MONDE, l’article a été revu et illustré par NS 55 DNRED
aviseurinternational
À l’annonce des charges, Preet Bharara, l’avocate américaine du District sud de New York, a déclaré : « À mesure que les terroristes s’impliquent dans le trafic de drogue, ils nous fournissent davantage d’opportunités de les neutraliser et de supprimer les financements destinés à leurs futures actions. » Cette affaire est la première pour laquelle la disposition sur le narco-terrorisme a été utilisée contre Al-Qaïda. Les suspects correspondent précisément à ce profil hybride de délinquants, pour lequel la loi, qui ne nécessite pas que les activités incriminées se soient déroulées aux États-Unis, a été créée.
Mais d’autres agences de renseignement ont vu les sources de la DEA comme de simples trafiquants de drogue – et les trafiquants de drogue ne connaissent rien au terrorisme.
Dans les années qui ont suivi, la DEA a attiré deux marchands d’armes parmi les plus recherchés du monde, Monzer al-Kassar et Viktor Bout, dans des complots liés à la drogue avant de les arrêter, respectivement en Espagne et en Thaïlande. Un ancien haut fonctionnaire de la DEA m’a expliqué que, malgré le fait que Kassar et Bout n’avaient pas été accusés de narco-terrorisme, l’autorisation élargie dont bénéficiait la DEA pour enquêter lui a donné les moyens de poursuivre les trafiquants. David Raskin, ancien procureur principal du District sud de New York, a salué ces arrestations. « Ce ne sont pas les trafiquants de drogue à proprement parler », a déclaré Raskin à propos de Bout et Kassar. « Mais c’étaient manifestement des mauvaises personnes. Et la DEA a reculé ses limites. »
Au même moment, la DEA a commencé à planifier ses opérations en Afrique de l’Ouest. Parmi les principales cibles de l’agence figurait AQMI, qui avait récemment commis un attentat au bureau des Nations Unies à Alger et avait, à plusieurs reprises, enlevé des touristes étrangers, des diplomates et des journalistes pour obtenir une rançon. Mais les actions de terrain – dans cette région — n’avaient rien de comparable avec celles menées en Amérique latine, où la DEA comptait nombre d’employés sur une zone allant de Tijuana à la Terre de Feu. Les opérations sur le continent africain ont été supervisées en grande partie depuis Rome. L’unité de narco-terrorisme en charge de la région était basée à Chantilly, en Virginie. Et l’agence manquait si cruellement d’agents familiers des dialectes africains qu’a été contrainte de s’appuyer sur des informateurs, rémunérés seulement si leurs renseignements donnaient lieu à des poursuites. (Les porte-paroles de la DEA nient le fait que des indics ont été payés en fonction de leurs informations, et que sa conduite en Afrique était différente de celle qu’elle observait sur d’autres continents.) « Nous avions d’importantes lacunes dans nos connaissances », m’a confié un ancien fonctionnaire de la DEA en charge du renseignement. Pour autant, il ajoute : « Dès que nous avons commencé à faire circuler de l’argent dans la rue, on est passés de 0 à 100 en deux secondes. » Mohamed faisait partie des informateurs payés par la DEA. Les agents me l’ont décrit comme un homme d’affaires libanais qui entretient des liens avec les communautés arabes d’Amérique du Sud et d’Afrique de l’Ouest. Il a reçu plus de 300 000 dollars pour son rôle dans l’affaire des Maliens.
